La tradicional concepción de la evaluación de políticas públicas la sitúa como una valoración que debe ser aplicada a posteriori: un juicio a emitir una vez que se pueden observar los resultados que se derivan de la intervención. Sin embargo, estas concepciones no consideran que las políticas presentan múltiples factores condicionantes que pueden y deben ser objeto de análisis en sentido amplio. Uno de ellos es el modo en el que tales políticas están diseñadas, bien de forma explícita o implícita, y el modo, por tanto, en el que se propone hacer frente a los problemas del contexto.
En este sentido, se plantea como un reto determinar una propuesta que clarifique un marco analítico adecuado con el que dotar de racionalidad y coherencia el diseño de las intervenciones públicas. La diversidad de modelos aplicables es un hecho, si bien existen propuestas teóricas de especial interés tanto desde la vertiente del diseño o planificación de políticas públicas como desde la evaluación. La posibilidad de compatibilizar los nexos de unión presentes entre ambas perspectivas, la del diseño o planificación de estrategias públicas de intervención y la de la evaluación de dicho diseño, permite estructurar un modelo integral para mejorar las capacidades de las políticas públicas desde la lógica de la racionalidad y la coherencia.
La conjunción de la teoría del problema, de la teoría de la implementación y de la teoría del programa basada en la lógica relacional de factores de causalidad en el contexto, y de fines-medios en la estrategia, ayuda a determinar algunas de las capacidades y limitaciones de las políticas públicas para el logro de los objetivos. Se presenta, por tanto, un modelo basado en un proceso pautado que exige, en primer lugar, la estructuración clínica de los contextos sobre los que se interviene bajo la detección racional del problema de base asociado a la población objetivo; y en segundo lugar, estructurar las estrategias que, en la praxis organizacional de las administraciones públicas, se suelen encontrar en múltiples y dispersas normas e instrumentos de intervención. El modelo propone que, para abordar la evaluación de diseño de las políticas públicas, a diferencia de la planificación, contexto y estrategia deben analizarse, a priori, de forma independiente y estructurada y luego, de forma conjunta y vertebrada.